Aumento de violencia en campaña presidencial colombiana deja 139 municipios en riesgo extremo

La campaña para la primera vuelta presidencial se ha convertido en la más violenta de los últimos ocho años en Colombia. Los candidatos mejor perfilados, como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han denunciado amenazas contra sus vidas. A esto se suman los asesinatos de líderes políticos regionales, como Mileidy Villada González en el Valle del Cauca y Rogers Mauricio Devia Escobar en el Meta, quienes trabajaban en campañas locales.

El recrudecimiento de la violencia obligó a reforzar los esquemas de seguridad en actos públicos. Algunos candidatos ahora realizan sus intervenciones rodeados de fuertes dispositivos de protección. Incluso Abelardo de la Espriella participa en eventos protegido por cristales blindados instalados en las tarimas, para reducir los riesgos frente a posibles atentados. Esta situación genera preocupación porque limita la libertad de los candidatos para conectar con los ciudadanos.

Los grupos armados y los municipios en peligro

Un factor clave del problema es el crecimiento de los grupos armados ilegales. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, estas estructuras pasaron de tener cerca de 15.000 integrantes en 2022 a superar actualmente los 25.000 miembros. El Clan del Golfo tendría al menos 8.945 integrantes, seguido por el ELN con 6.450 y el Estado Mayor Central con 3.919.

La Misión de Observación Electoral identificó 386 municipios con alertas de riesgo por violencia en 31 de los 32 departamentos del país. De ese total, 125 están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo. Los departamentos con mayores alertas son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En Huila, Cesar y La Guajira, más del 70 por ciento de sus municipios presentan riesgos asociados a violencia.

Expertos advierten que estos grupos no solo buscan controlar territorios, sino también influir en las decisiones políticas mediante amenazas y presión sobre la población civil. Aunque el ELN anunció un cese unilateral al fuego de tres días por la jornada electoral, existen al menos 11 zonas del país donde continuarán las confrontaciones armadas.

Las autoridades han llamado a la ciudadanía a participar en las elecciones, pero garantizando la seguridad en los puestos de votación. El gobierno implementó un plan especial con miles de efectivos de la fuerza pública para proteger el proceso. Sin embargo, el desafío sigue siendo grande en regiones apartadas donde el Estado tiene poca presencia. La esperanza es que, pese a las dificultades, los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en paz y que la democracia salga fortalecida de este complejo momento.