Sin rastro de bienes y con un hallazgo fiscal de 33 mil millones: la auditoría que sacude a la Unidad para las Víctimas

La Contraloría General de la República puso bajo la lupa la gestión financiera de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tras una auditoría a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la vigencia anterior. El organismo de control identificó un presunto detrimento patrimonial por más de treinta y tres mil millones de pesos, además de una ejecución presupuestal cercana apenas al cincuenta por ciento y múltiples hallazgos con presunta incidencia disciplinaria. Según el informe, la Unidad contó durante ese periodo con una apropiación vigente de más de cuatro billones de pesos. Aunque comprometió la gran mayoría de esos recursos, las obligaciones efectivamente ejecutadas llegaron a poco más de dos billones, equivalentes a la mitad del presupuesto. Para la Contraloría, esta situación generó un rezago cercano a dos billones de pesos, lo que impactó directamente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención oportuna a la población vulnerable del país. La Contraloría enfatizó que es fundamental que las entidades públicas garanticen la transparencia en el manejo de los recursos destinados a las víctimas del conflicto, ya que la falta de controles internos adecuados no solo pone en riesgo el dinero de los contribuyentes, sino que también retrasa la entrega de ayudas humanitarias.

Deficiencias en los registros contables

La auditoría también encontró deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables de la entidad. Entre ellas, destacó que no fueron reconocidos contablemente recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en calidad de donaciones. De acuerdo con la Contraloría, esa situación derivó en varios hallazgos, uno de ellos con incidencia fiscal por el monto mencionado. El hallazgo se originó en la ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público. Como resultado de la auditoría, el organismo de control consolidó más de veinte hallazgos administrativos, de los cuales la mayoría tienen presunta incidencia disciplinaria. Además, estableció solicitudes de apertura de indagación preliminar y traslado a otras entidades de control, concluyendo que las acciones adelantadas por la Unidad para mejorar la ejecución de los recursos no fueron suficientes para alcanzar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales, por lo que se espera que la Fiscalía y la Procuraduría tomen cartas en el asunto.