En lo que va de 2026 se han presentado 100 bloqueos viales en el país

Colombia continúa enfrentando una compleja situación de orden público en sus carreteras. Según cifras preliminares de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), en los primeros dos meses de 2026 se han registrado un total de 100 bloqueos en las vías nacionales y secundarias. De estos, 39 ocurrieron en enero y 61 en febrero, lo que representa una leve disminución frente al mismo periodo del año anterior.

Mineros y grupos armados mantienen en vilo las carreteras

Las interrupciones viales responden a dos grandes causas. Por un lado, sectores productivos como los mineros en Antioquia, Cauca y Córdoba han protagonizado bloqueos para exigir al Gobierno nacional soluciones a problemas de formalización, controles ambientales y políticas de explotación. Estas movilizaciones, aunque pacíficas en su origen, afectan corredores estratégicos para el transporte de carga y pasajeros.

Por otro lado, persisten los denominados "paros armados" impuestos por grupos ilegales. Estas organizaciones, que buscan consolidar economías ilícitas, obligan a la población a suspender el tránsito mediante amenazas. En estos casos, además de la restricción a la movilidad, se presentan prácticas como el cobro de peajes ilegales y el control forzado del transporte de mercancías, poniendo en riesgo la integridad de los conductores.

El impacto económico y social de los bloqueos

La problemática tiene graves consecuencias económicas. Colfecar, a través de su sistema "Bloqueómetro", estimó que solo en 2025 los 837 bloqueos registrados generaron pérdidas por cerca de 2,4 billones de pesos. Además, se perdieron 12.766 horas de circulación vehicular, equivalentes a 531 días completos de tránsito interrumpido.

Los departamentos más afectados el año pasado fueron Tolima (90 bloqueos), Bolívar (81), Atlántico (70), Cesar (57) y Córdoba (56). Julio fue el mes crítico con 159 interrupciones, seguido de marzo con 118.

Aunque las cifras de 2026 muestran una leve mejoría, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha advertido sobre el incremento de episodios de violencia en corredores estratégicos y la destrucción de maquinaria destinada a obras viales. El gremio insiste en que esta situación es incompatible con el deber constitucional del Estado de garantizar la libre movilidad.