Decreto 0552 del gobierno genera preocupación en empresarios por seguridad jurídica

La relación entre el Gobierno Nacional y el sector privado ha entrado en una nueva etapa de tensión tras la expedición del Decreto 0552 del 1 de junio de 2026. En términos generales, este decreto establece una serie de lineamientos técnicos y normativos en materia de empresas y derechos humanos. El propósito formal de la norma es que las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva adopten criterios específicos en su relación con el sector empresarial bajo un marco de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el trasfondo de la norma es lo que genera controversia. Según el análisis jurídico de Fenalco, aunque el decreto se presenta como una guía para entidades públicas, su contenido tiene efectos que impactan directamente al sector privado. La preocupación radica en que el Gobierno está intentando implementar, por vía administrativa, un marco regulatorio que no ha logrado prosperar en los debates democráticos del Congreso de la República.

Las criticas de los empresarios

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, ha manifestado que el decreto representa una amenaza directa para la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes en el país. Fenalco sostiene que el Gobierno ha desbordado su facultad reglamentaria. De acuerdo con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente tiene la potestad de reglamentar las leyes existentes para asegurar su cumplimiento, pero no puede crear regulaciones autónomas sobre temas que requieran una ley previa del Congreso. En este caso, el gremio argumenta que el Ejecutivo está legislando mediante decreto. Dicha iniciativa legislativa fue radicada en julio de 2025 y lleva cerca de un año en trámite sin ser aprobado, por lo que Fenalco ve en el decreto una maniobra para imponer por la fuerza lo que no se ha ganado en el debate legislativo. Jaime Alberto Cabal calificó la norma como una herramienta de presión contra el sector privado, que podría generar un entorno de incertidumbre para la inversión al modificar las reglas de juego sin el respaldo de una ley.