Exmagistrados piden a Procuraduría intervenir por conductas del presidente Petro que afectan la democracia

Un grupo de ciudadanos muy importantes para el país, formado por exjueces de altas cortes, exministros, intelectuales y líderes de opinión, envió una carta al Procurador General, Gregorio Eljach, pidiendo que actúe ante lo que consideran un uso excesivo del poder por parte del presidente Gustavo Petro. Los firmantes, entre quienes están personas con gran trayectoria en la justicia y la vida pública, explican que aunque el Presidente tiene protección legal especial, la Procuraduría debe usar su "poder moral" para cuidar que se cumpla la ley y proteger los intereses de todos los colombianos.

En la carta, los suscriptores dicen sentirse "desconcertados, inermes y desprotegidos" frente a acciones que, según ellos, dañan gravemente el orden jurídico del país. Piden que se restaure la confianza de la gente y que la Constitución esté por encima de cualquier decisión que ponga en riesgo el equilibrio democrático.

Cuatro frentes de preocupación para los firmantes

La misiva detalla cuatro áreas donde la gestión del presidente Petro estaría vulnerando la Carta Magna. Primero, denuncian ataques constantes a la justicia, descalificando decisiones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Fiscalía cuando no coinciden con lo que quiere el Gobierno. Segundo, critican la presión sobre el Banco de la República, con críticas sin pruebas hacia su autonomía y el uso de chantajes, incluyendo la ausencia del Ministro de Hacienda a reuniones importantes.

Tercero, rechazan las advertencias presidenciales sobre un supuesto fraude electoral sin evidencias, lo que debilita la confianza en las entidades que organizan las elecciones. Cuarto, señalan una participación partidista activa del Gobierno a favor de sus proyectos políticos, usando recursos públicos en medio de campañas electorales.

El llamado a la Procuraduría busca que se vigile el cumplimiento de la ley y se defienda el equilibrio de poderes. Para los firmantes, esta situación representa una amenaza para las libertades y la democracia colombiana. La carta refleja un momento de tensión institucional que requiere atención para preservar la confianza ciudadana y el respeto a la Constitución.