Gobierno propone tarifas diferenciales de luz para usuarios vulnerables en áreas especiales de la Costa

En medio de un debate sobre los límites entre la política pública y la regulación de precios, el Gobierno nacional avanza en una propuesta para implementar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica dirigidas a las familias de bajos recursos, con especial énfasis en la región Caribe y otras áreas del país con condiciones vulnerables.

El Ministerio de Minas y Energía emitió para comentarios un proyecto de resolución que establece lineamientos transitorios para la aplicación de estas tarifas diferenciales. Según la iniciativa, los principales beneficiarios serían los usuarios de estratos 1 y 2 que habitan en territorios donde históricamente se han registrado mayores dificultades para la prestación del servicio eléctrico, incluyendo zonas rurales de menor desarrollo y difícil gestión.

Justicia redistributiva como principio rector

En la memoria justificativa del proyecto, el Gobierno argumenta que la medida se fundamenta en el principio de justicia redistributiva. "Su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva que, mediante el pago discriminado de los servicios públicos según estratos y en función de la capacidad económica del usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico", señala el documento.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue enfático al defender la iniciativa. "Con este proyecto de resolución estamos avanzando en un principio fundamental: que el acceso a la energía sea más justo para quienes viven en los territorios con mayores dificultades económicas y operativas. La política pública debe corregir las desigualdades que hoy enfrentan miles de familias en las áreas especiales del país", afirmó.

Palma agregó una reflexión sobre la estructura tarifaria actual: "En 30 años de historia del mercado de energía, los usuarios de estrato 6 han sido tratados de igual manera que los usuarios de estratos 1, es hora de que quien gane menos, pague menos".

Mecanismo de aplicación y seguimiento

De acuerdo con el proyecto de resolución, los comercializadores de energía podrán reflejar esta diferenciación tarifaria en sus esquemas de comercialización una vez la norma entre en vigencia. La medida aplicaría para los usuarios regulados de las Áreas Especiales (AE) que se encuentren bajo representación comercial ante el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La normativa establece que cuando un comercializador se acoja a la aplicación de la diferenciación de tarifas, deberá informarlo a la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Además, tendrá la obligación de reportar mensualmente los cálculos soporte y los resultados de la aplicación de las diferenciaciones.

La Creg, por su parte, podrá realizar la actualización regulatoria que considere pertinente tan pronto un comercializador le informe formalmente que ha decidido acogerse al esquema. Esta actualización regirá hasta cuando entre en vigencia la Fórmula Tarifaria General del nuevo periodo tarifario.

El foco en la Costa y la sostenibilidad del servicio

La propuesta gubernamental pone especial atención en la región Caribe, donde los usuarios de áreas especiales concentran más de la tercera parte de la demanda susceptible de recibir recursos del Fondo de Energía Social (FOES), con una participación del 33,33%. Esta situación implica que los comercializadores que atienden a estos usuarios, inmersos en limitaciones económicas, están expuestos a mayores niveles de cartera morosa en comparación con aquellos que operan en zonas con menor vulnerabilidad.

De acuerdo con el ministerio, en algunas de estas áreas se presentan recaudos que oscilan entre el 0,5% y el 4% de la facturación, lo que pone en riesgo tanto la sostenibilidad financiera del prestador como la continuidad del servicio.

"La tarifa diferencial permite a esos usuarios de AE incursos en limitaciones económicas que tengan mayor posibilidad de pago por el servicio esencial de energía eléctrica, de tal forma que se esperaría un aumento en el nivel de recaudo y, por tanto, mejoría en la sostenibilidad financiera del prestador, en beneficio de la continuidad del servicio", se resalta en la memoria justificativa. El documento advierte que, sin este esquema, el prestador enfrentaría riesgos que podrían comprometer la prestación del servicio, en detrimento de los usuarios y del sistema eléctrico.

Dudas del sector sobre competencia regulatoria

La publicación del proyecto de resolución ha generado reacciones encontradas en el sector eléctrico. Fuentes conocedoras del tema manifestaron sus dudas sobre la redacción de la norma, particularmente en lo que respecta a los límites entre la política pública y la regulación de precios.

"Es la fina línea entre lo que es la política pública y la regulación de precios", aseguró una fuente del sector, quien cuestionó si el Gobierno está publicando la norma para que la Creg adopte un cambio regulatorio o si, mientras tanto, el Ministerio de Minas y Energía se está abrogando una facultad de regulación de fórmula tarifaria de forma temporal.

Ante estas inquietudes, el ministro Edwin Palma respondió que el proyecto de resolución está en línea con el mismo esquema tarifario que la Creg definió desde la Resolución Creg 019 de 2007. "En esta se realiza la separación de productos, es decir, los contratos con los que atiende a sus usuarios más vulnerables, para así dar tarifas más baratas a los usuarios más desfavorecidos", explicó el funcionario.

La propuesta busca avanzar en equidad tarifaria y garantizar justicia energética para las poblaciones que enfrentan mayores barreras en el acceso y pago del servicio, en un debate que promete continuar en los próximos días mientras el proyecto permanezca abierto a comentarios.