Reportan 247 denuncias por amenazas a votantes en segunda vuelta

Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales desarrollada el pasado domingo 21 de junio de 2026, la ciudadanía denunció 247 hechos de violencia, amenazas o presiones contra los votantes en diferentes regiones del país. La cifra fue entregada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa mediante un comunicado público divulgado este 24 de junio. Desde las mencionadas carteras del Gobierno explicaron que las mayores cifras de denuncias por presunto constreñimiento al sufragante se registraron en las principales ciudades del país. Bogotá encabezó la lista con 97 casos, seguida de Barranquilla con 16, Medellín con 10, Cali con 7 y Bucaramanga con 7. En conjunto, estas ciudades concentraron el 53% de las denuncias presentadas. Los hechos de constreñimiento al sufragante habrían ocurrido en 98 municipios de 28 departamentos del país, lo que demuestra que la violencia electoral fue un fenómeno extendido a nivel nacional durante esta jornada democrática.

Responsables identificados y acciones de la Fiscalía

Según los datos reportados por los ministerios, los principales responsables del presunto constreñimiento fueron partidarios de campañas políticas con 27%, empresas privadas con 23% y empleados públicos con 24%. El documento destaca que solo el 9%, que equivale a un total de 23 denuncias, corresponde a amenazas de grupos armados ilegales. Por estos hechos, ambas carteras confirmaron que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer la veracidad de las denuncias. Por su parte, tras el cierre de las urnas, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de cinco personas por su presunta participación en delitos electorales. Entre los capturados se encuentran individuos acusados de votar dos veces, suplantar a un testigo electoral, usar la cédula de otra persona y tratar de suplantar a un testigo. Estas acciones demuestran el compromiso de las autoridades por garantizar la transparencia del proceso electoral y sancionar a quienes intenten alterar la voluntad popular mediante amenazas o presiones ilegales.