Petro aclara que no fue consultado sobre capturas del Clan del Golfo y reafirma su poder en procesos de paz

El presidente Gustavo Petro salió a aclarar un tema que ha generado confusión en las últimas horas. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que no fue consultado sobre la decisión de la Fiscalía General de no suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos el conocido como "Chiquito Malo". Petro fue enfático al señalar que esta determinación judicial no pasó por su despacho y que tampoco ha tomado ninguna decisión sobre una posible suspensión de la extradición de este jefe criminal, quien es requerido por Estados Unidos.

Además, el presidente aclaró que no ha autorizado ninguna lista con nombres de 400 integrantes de esta organización para ser trasladados a una zona de concentración en el sur de Córdoba. Esta aclaración es importante porque en días recientes se habló de un posible proceso de sometimiento a la justicia para miembros de esta estructura armada, pero Petro dejó claro que cualquier movimiento en ese sentido debe ser aprobado directamente por él como jefe de Estado.

Tensión entre Fiscalía y Comisionado de Paz

Este pronunciamiento del presidente Petro se da en medio de un enfrentamiento público entre la Fiscalía y la oficina del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Mientras la Fiscalía condiciona la suspensión de capturas a que los implicados se identifiquen plenamente y entreguen sus armas, Patiño sostiene que esta medida es un mandato de la ley que no depende del criterio del ente acusador. El Comisionado recordó que la gestión de procesos de paz y la creación de zonas de ubicación son facultades que la Constitución le da exclusivamente al Presidente de la República.

Petro reforzó esta postura al publicar que "el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia" y que las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden presidencial. Con esta aclaración, el mandatario busca dejar claro quién tiene la última palabra en los procesos de diálogo con grupos armados, al tiempo que evita que se malinterpreten decisiones judiciales como si fueran parte de una estrategia de paz aprobada por su gobierno.

La situación pone sobre la mesa un debate jurídico y político que podría tener consecuencias en el futuro de las negociaciones con estructuras ilegales. Mientras la Fiscalía insiste en cumplir con los requisitos legales para suspender medidas judiciales, el Gobierno nacional defiende su autonomía para diseñar y ejecutar la política de paz. Este desencuentro podría retrasar o complicar cualquier intento de acercamiento con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del país, con presencia en varias regiones y vínculos con el narcotráfico internacional.