Cargos, contratos e ingresos de Juliana Guerrero en el gobierno de Gustavo Petro

Según los registros oficiales de la plataforma de Función Pública, Juliana Guerrero comenzó a presentar declaraciones de bienes y rentas apenas dos meses después de que el presidente Gustavo Petro asumiera el poder. Su primer documento fue registrado ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en octubre de dos mil veintidós, donde figuraba como contratista en el cargo de asistente secretaria ejecutiva hasta enero del año siguiente. Posteriormente, sus vínculos se trasladaron al Ministerio del Interior, donde trabajó como enlace territorial de la Dirección de Seguridad y Convivencia, y más adelante ascendió a jefa de despacho del ministro. Estas vinculaciones se extendieron hasta el año dos mil veinticinco, momento en el que también se registraron conexiones con el Ministerio de Ambiente bajo la figura de designada, aunque los detalles específicos de sus funciones en este último cargo no quedaron completamente claros en los documentos públicos. Durante este tiempo, su lugar de residencia declarado cambió en varias ocasiones, pasando de municipios del Cesar a la capital del país, lo que refleja la movilidad de sus responsabilidades laborales dentro de la administración pública.

Declaraciones de ingresos y cuentas bancarias

A lo largo de su trayectoria en el sector público, las declaraciones de bienes de Guerrero mostraron cambios significativos que llamaron la atención de los veedores ciudadanos. Inicialmente, reportó ingresos modestos por salarios y no declaró cuentas bancarias ni bienes patrimoniales en sus primeros formularios. Sin embargo, en correcciones posteriores a sus declaraciones, informó sobre la existencia de cuentas de ahorro en el país con saldos que variaron desde dos millones de pesos hasta tres millones de pesos en diferentes periodos evaluados. Un dato relevante es que, mientras sus declaraciones oficiales mostraban ingresos laborales de alrededor de tres millones de pesos anuales, se encontró un contrato específico por servicios de enlace territorial que tuvo un valor superior a los once millones de pesos. Esta diferencia entre los salarios reportados y el valor total de los contratos generó preguntas sobre la transparencia de sus ingresos durante su paso por las diferentes entidades del gobierno nacional, destacando la importancia de revisar con detalle la información pública de los funcionarios. Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a esta información para ejercer un control adecuado sobre los recursos públicos y garantizar que los servidores públicos actúen con total transparencia y responsabilidad en el manejo de los bienes del Estado.