Air-e seguirá sin definición hasta 2026 y MinMinas propone empresa pública para el Caribe

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que la situación de Air-e, la empresa que presta el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe colombiana, seguirá sin definición clara hasta finales de este año. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha generado preocupación entre los usuarios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira y Córdoba, quienes han enfrentado problemas de facturación y calidad del servicio en los últimos meses.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que el proceso de selección del nuevo operador del servicio eléctrico en la región se ha atrasado debido a complicaciones legales y técnicas. "Estamos trabajando para garantizar que los usuarios del Caribe cuenten con un servicio de calidad, pero necesitamos más tiempo para definir el futuro de Air-e", afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en Bogotá.

Propuesta de empresa pública regional

Ante la dificultad para encontrar un operador privado que asuma el servicio, el MinMinas propuso la creación de una empresa pública regional que se encargue de la distribución de energía en la costa Caribe. Esta empresa sería conformada por los departamentos beneficiados y el gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mejorar la calidad de la atención a los usuarios.

La propuesta ha sido recibida con cautela por los gobernadores de la región, quienes han expresado su preocupación por la viabilidad financiera y técnica de una empresa de este tipo. Sin embargo, reconocen que es una alternativa viable ante la falta de interés de operadores privados en asumir el servicio en una región que históricamente ha presentado altos niveles de pérdidas técnicas y comerciales.

El gobierno nacional tiene previsto presentar el proyecto de ley para la creación de esta empresa pública ante el Congreso de la República en las próximas semanas. Mientras tanto, Air-e continuará operando bajo la administración temporal designada por la Superintendencia de Servicios Públicos, con el compromiso de mantener la prestación del servicio hasta que se defina su futuro definitivo en el último trimestre de 2026.