Defensora del Pueblo: Colombia no puede seguir administrando las crisis cuando ya ocurrieron

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que Colombia debe fortalecer su capacidad para prevenir emergencias y garantizar derechos antes de que las vulneraciones ocurran. En una entrevista, la funcionaria destacó que el Estado no puede limitarse a administrar las crisis una vez que ya se han desatado, como se evidenció tras el reciente terremoto.

Retos en la reconstrucción y gestión del riesgo

Marín señaló que la reconstrucción no inicia solo con levantar viviendas, sino con saber con precisión quiénes fueron afectados y qué necesitan. Actualmente, existen dificultades en la unificación de datos entre los territorios y el nivel nacional sobre damnificados y evaluación de daños.

Áreas críticas que requieren acción inmediata:

• Desigualdad territorial: La pobreza y la inseguridad alimentaria son el terreno donde prosperan las economías ilegales y el control de grupos armados.
• Protección en zonas de violencia: Se requiere justicia, prevención del reclutamiento y desarrollo territorial, no solo respuesta militar.
• Degradación ambiental: Es urgente enfrentar la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas por minería ilegal y narcotráfico.

Autonomía universitaria y uso de la fuerza

Sobre el debate de la autonomía universitaria, la defensora aclaró que esta garantía no es absoluta ni convierte a las universidades en espacios de extraterritorialidad. La Corte Constitucional ha señalado que encuentra límites en la protección de derechos fundamentales y el orden público.

Condiciones para la intervención de la Fuerza Pública:

• Debe existir una justificación concreta y legal para la intervención.
• Se debe diferenciar entre protesta pacífica y actos de violencia física o daños a bienes.
• El uso de la fuerza debe ser un último recurso, sujeto a legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Presupuesto de la Defensoría del Pueblo

Marín valoró el proyecto de presupuesto para 2027, que asciende a $1,3 billones, permitiendo recuperar la capacidad institucional de 2024. Sin embargo, advirtió que se requieren $130.810 millones adicionales para atender rezagos en honorarios de defensores públicos, fortalecer unidades de litigio y mejorar la infraestructura regional.

"En derechos humanos, muchas veces llegar tarde significa llegar después de que la vulneración ya ocurrió", concluyó la defensora, instando al Gobierno a traducir la interlocución en decisiones concretas de prevención.