La Defensoría del Pueblo alerta por recorte de recursos que afecta su funcionamiento

La Defensoría del Pueblo hizo sonar las alarmas por la reducción de su presupuesto. La directora de esta entidad, Iris Marín, explicó que el Gobierno Nacional ha decidido disminuir los recursos económicos que recibe la institución. Este recorte comenzó en 2024 y se hará más fuerte para 2027, con una disminución del 11 por ciento. Esto significa que la Defensoría tendrá menos dinero para cumplir su importante labor de proteger los derechos de los colombianos en todo el territorio nacional.

Como afectara el recorte a las misiones humanitarias

La reducción del presupuesto tiene consecuencias directas en el trabajo diario de la Defensoría. El dinero destinado a inversión bajará de 85.610 millones de pesos a 66.403 millones. Por su parte, el presupuesto para el funcionamiento de la entidad pasará de 1.107 billones de pesos a 995.000 millones. Esto representa que para el próximo año, la Defensoría tendrá solo el 40 por ciento del presupuesto de inversión que tenía en 2024.

Una de las principales afectaciones es para las misiones en terreno. Con menos recursos para pagar viáticos, los equipos humanitarios tendrán más dificultades para viajar a las zonas más apartadas del país. Esto limita su capacidad para llegar a comunidades que necesitan ayuda y protección. La situación actual ya se está sintiendo y se proyecta que empeorará el próximo año si no se toman medidas.

Los programas que se veran mas perjudicados

La infraestructura de la Defensoría también sufre los efectos del recorte. Las Casas de los Derechos, que son sedes que brindan atención a comunidades en zonas con problemas de derechos humanos, detuvieron su expansión. Ya no se abrirán nuevas instalaciones que estaban programadas y algunas de las existentes operan con menos personal del necesario.

Otro área afectada es la defensa pública. La institución tendrá menos defensores públicos, lo cual impactará directamente el sistema de justicia y la atención a personas que necesitan representación legal. Además, los programas dirigidos a las juventudes enfrentan problemas de sostenibilidad financiera. Esto altera el acompañamiento a jóvenes en zonas de riesgo, quienes están expuestos a situaciones peligrosas como el reclutamiento por parte de grupos armados.

Iris Marín destacó que esta disminución rompe una tendencia de crecimiento anual que se venía registrando desde 2010. La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se revise esta decisión, ya que los recortes ponen en riesgo la protección de los derechos humanos en Colombia, especialmente en las regiones más vulnerables donde más se necesita la presencia del Estado.