Ministro de Justicia confirma comunicaciones de grupos criminales al Gobierno

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que diversos grupos armados ilegales en Colombia han enviado comunicaciones al Gobierno buscando una salida negociada a las armas. El funcionario aseguró que se les ha dado respuesta por escrito, estableciendo que la única vía posible para estos procesos será a través de la futura ley de sometimiento.

Condiciones estrictas para la ley de sometimiento

El Ministerio de Justicia ha sido enfático en que no existirán concesiones extraordinarias fuera del marco legal. La respuesta entregada a estas estructuras delictivas deja claro que no habrá negociación de estatus político, ni suspensión de órdenes de captura, ni garantías contra la extradición.

La iniciativa de ley, que será presentada próximamente al Congreso de la República, plantea beneficios condicionados que incluyen:

• Rebajas de pena entre el 30 % y el 50 % del tiempo de condena.
• Entrega obligatoria de todas las armas y la totalidad de los bienes obtenidos ilegalmente.
• Suministro de información veraz y útil para el desmantelamiento de las estructuras criminales.
• Compromiso efectivo con la reparación integral a las víctimas.

Sin espacios para el debate político con criminales

El ministro Cancino descartó de plano cualquier posibilidad de abrir canales de diálogo político directo entre el Ejecutivo y los grupos ilegales. La construcción de esta norma se realizará exclusivamente a través de los canales institucionales democráticos.

Los únicos interlocutores válidos para debatir este proyecto de ley serán los congresistas y las entidades de la rama judicial, garantizando así el control constitucional y legal del proceso. Entre estas entidades se encuentran:

• Corte Constitucional
• Corte Suprema de Justicia
• Fiscalía General de la Nación
• Procuraduría General de la Nación
• Contraloría General de la República
• Defensoría del Pueblo

Esta postura reafirma el compromiso del Estado con la primacía de la ley y la negación absoluta de cualquier tipo de legitimación política a las organizaciones criminales.