Estas son las EPS que estarían en la mira del Gobierno tras la propuesta de liquidación del presidente Petro

El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar todas las EPS que estén en quiebra encendió las alarmas en el sistema de salud colombiano. La decisión, dada a conocer el pasado 16 de marzo, se produce después de que el mandatario afirmara que "el Congreso no aprobó la reforma a la salud" y que "ya no tenemos alternativas". Aunque la medida no menciona nombres específicos, un repaso por las entidades con mayores dificultades financieras revela cuáles podrían estar en la mira del Gobierno.

Las EPS con deudas millonarias y millones de afiliados

De acuerdo con datos oficiales, las EPS que presentan los cuadros más críticos son Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud. En conjunto, estas entidades suman más de 20 millones de afiliados distribuidos en distintas regiones del país, lo que da una idea de la magnitud del impacto que tendría una liquidación masiva.

El caso más preocupante es el de Nueva EPS, que concentra cerca de 11 millones de usuarios y reporta pérdidas por 21 billones de pesos. El presidente Petro ha advertido que, al tener el Estado una participación del 50% en esta entidad, el Gobierno tendría que asumir al menos 10 billones de pesos de esa deuda con recursos públicos, trasladando el problema directamente a las finanzas de la Nación.

Le sigue Famisanar, con 2,9 millones de afiliados y deudas cercanas a los 2,3 billones de pesos. También hay varias EPS regionales con alta presencia territorial, como Coosalud, que tiene 3,2 millones de usuarios, y Emssanar y Savia Salud, cada una con más de un millón y medio de afiliados. En términos geográficos, estas entidades operan en zonas clave como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, la Costa Caribe y el suroccidente del país.

Gremios piden mesura y advierten sobre el riesgo para los pacientes

Las reacciones del sector no se hicieron esperar. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, advirtió que "con la salud no se improvisa" y cuestionó que la crisis se intente resolver mediante liquidaciones. Según Lacouture, una decisión apresurada podría romper tratamientos, retrasar la entrega de medicamentos y aumentar la incertidumbre para los pacientes y sus familias.

En la misma línea, Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, señaló que la medida podría profundizar la crisis del sistema. "No se planea su transición, se afecta gravemente a los prestadores y hospitales, y se garantiza la contundencia de la crisis", afirmó, alertando sobre el impacto en la operación diaria de la salud.

Los analistas también pusieron el foco en los problemas estructurales del sistema. Lacouture recordó que la propia Corte Constitucional ha señalado insuficiencias en la Unidad de Pago por Capitación y rezagos en los presupuestos máximos, lo que sugiere que las dificultades financieras van más allá de la gestión de las EPS.

La decisión del Gobierno se interpreta como un giro en la estrategia tras el fracaso de la reforma en el Congreso. La intención sería intervenir el sistema desde el Ejecutivo mientras se prepara un nuevo proyecto que sería presentado el 20 de julio. Sin embargo, la forma en que se garantizaría la continuidad en la atención de millones de afiliados sigue siendo una incógnita. Con más de 20 millones de usuarios en juego y deudas billonarias de por medio, cualquier decisión tendrá efectos no solo en la salud, sino también en las finanzas públicas y en la estabilidad social del país.