La disputa sobre quién debe pagar la defensa de Maduro en EE.UU. y qué ha pasado en otros casos contra expresidentes extranjeros

En el tribunal de Nueva York donde se juzga a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcotráfico, hay una pregunta que se ha vuelto clave: ¿quién paga la defensa de los acusados? Maduro y Flores dicen que debe hacerlo el Estado venezolano, porque según las leyes de su país tienen ese derecho. Pero el gobierno de Estados Unidos les impide usar fondos de Venezuela debido a las sanciones económicas que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro y sobre el propio expresidente.

La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, pidió que se anulen los cargos porque consideran que esta situación viola el derecho a elegir abogados. Pollack ha advertido que si no se le permite usar dinero venezolano, él mismo tendría que retirarse del caso. La fiscalía, en cambio, sostiene que la prohibición es correcta y que los acusados pueden pagar con recursos personales. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, tendrá que decidir en los próximos días.

Un error administrativo y fondos congelados

El origen de este problema está en las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela y a Maduro por corrupción y narcotráfico. Cuando los abogados pidieron permiso para usar fondos venezolanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) primero les dio luz verde, pero luego revocó ese permiso horas después. La fiscalía asegura que fue un "error administrativo" y que las sanciones prohíben usar dinero de entidades sancionadas para pagar abogados.

La defensa insiste en que Maduro y Flores no tienen recursos propios para pagar un caso de esta magnitud, donde los costos pueden llegar a millones de dólares. Además, argumentan que el gobierno de Venezuela, que aún considera a Maduro como presidente legítimo, está dispuesto a cubrir los gastos. Pero para la fiscalía, eso no es válido porque EE.UU. no reconoce a Maduro como funcionario legítimo de Venezuela.

Qué ha pasado en otros casos similares

Este no es el primer expresidente extranjero juzgado en Estados Unidos. El caso más parecido fue el de Manuel Noriega, el líder panameño capturado en 1990 y llevado a Miami para ser juzgado por narcotráfico. Al principio, EE.UU. le negó el acceso a sus cuentas congeladas para pagar la defensa. Pero tras un forcejeo legal, el juez permitió que parte de esos fondos se usaran para sus abogados. Noriega fue condenado en 1992.

Otro caso fue el del hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado en 2022 y juzgado en el mismo tribunal de Nueva York que ahora lleva el caso de Maduro. En ese momento, la familia de Hernández dijo que pagaría con recursos propios y donaciones, no con dinero del Estado hondureño. Hernández fue condenado, pero luego recibió un indulto del presidente Donald Trump y salió libre.

Sin embargo, hay una diferencia clave en el caso de Maduro: él es el primer expresidente que sigue siendo considerado jefe de Estado por su gobierno mientras enfrenta la justicia en EE.UU. Eso hace que la disputa sobre el pago de la defensa sea algo sin precedentes. Expertos en derecho creen que el juez no anulará los cargos, pero la decisión sobre cómo financiar la defensa marcará un rumbo importante para el resto del proceso.