Colombia define una hoja de ruta de 25 años para cuidar el agua y el territorio

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la nueva Política Nacional del Agua 2026-2050, que actualiza por primera vez en 16 años el marco que rige la gestión del agua en Colombia y reemplaza la política vigente desde 2010. El anuncio lo hizo la ministra Irene Vélez desde Mompox, a orillas del río Magdalena.

La política marca un giro importante: el agua deja de entenderse solo como un recurso y se convierte en un eje del ordenamiento territorial del país hasta 2050. Según la ministra, el documento traza una hoja de ruta para enfrentar la crisis climática, fortalecer el gobierno del agua y, por primera vez, analizar la justicia hídrica como eje del ordenamiento territorial.

En términos prácticos, la política implica proteger las fuentes de agua, conservar los ecosistemas que hacen posible su ciclo y garantizar una gestión popular de las cuencas y de los territorios del agua. Esta última idea busca dar mayor peso a las comunidades locales en la administración de ríos y cuencas, frente a esquemas más centralizados del pasado. Con esto, el agua se convierte en el centro de las decisiones sobre el uso del suelo en las regiones.

Una política construida con la gente

El horizonte de la política es uno de sus rasgos más relevantes: se proyecta a 25 años, es decir, hasta 2050, lo que la convierte en un instrumento de planeación de largo plazo que trasciende el actual periodo de gobierno. La ministra lo planteó como un legado que busca anclarse en la política pública ambiental del país, más allá de la administración actual.

El proceso de construcción tuvo un componente participativo muy amplio. Según indicó Vélez, en su elaboración intervinieron comunidades, autoridades ambientales, acueductos comunitarios, la academia, organizaciones sociales y sectores productivos, con la participación directa de más de 1.100 personas. El Ministerio presenta esta cifra como garantía de que el documento final refleja una visión compartida sobre el bienestar hídrico de todos los colombianos y no una definición exclusivamente técnica o gubernamental. Las comunidades celebraron que por fin se escuche su voz en este tipo de políticas.