Gobierno avanza en la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad en Colombia

El gobierno nacional ha oficializado un ambicioso plan para la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad en zonas apartadas del territorio de Colombia. Esta estrategia busca combatir de manera frontal la extorsión y el crimen organizado, transformando radicalmente el sistema penitenciario actual. El proyecto contempla la administración privada de estos nuevos centros y la liquidación progresiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), marcando un cambio estructural en la política criminal del país.

Respaldo político y concepción del proyecto

La iniciativa ha recibido un respaldo significativo en el ámbito legislativo. Tras una reunión sostenida entre el Ministerio de Justicia y el Directorio Nacional del Partido Conservador, se concretó el apoyo de la bancada para viabilizar esta propuesta.

El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, explicó que se estableció un criterio fundamental para la ubicación de estas instalaciones: no se construirán en el interior de las ciudades. Esta decisión responde a la necesidad de evitar que la presencia de estos centros genere inseguridad en las zonas urbanas, optando en su lugar por ubicaciones en las afueras.

Medidas de seguridad y tecnología

Un aspecto crucial del proyecto es la implementación de tecnología de punta para garantizar el aislamiento de los reclusos. Se trabaja activamente en la instalación de bloqueadores de señal de última generación.

• El objetivo es evitar que los internos continúen dirigiendo estructuras criminales desde el interior de las celdas.
• Se busca neutralizar por completo la capacidad de extorsionar, amenazar u ordenar delitos desde los centros de reclusión.

Compromiso presidencial y cambio de paradigma

El presidente Abelardo De La Espriella ha reiterado su compromiso de campaña, calificando la situación actual de las prisiones como "universidades del crimen".

El mandatario enfatizó que estas nuevas instalaciones serán administradas por la empresa privada, garantizando que quienes han causado daño a la sociedad paguen efectivamente por sus actos. Esta medida representa un giro hacia un modelo de gestión más eficiente y severo, alejado de la administración estatal tradicional que ha demostrado limitaciones operativas en las últimas décadas.