Defensoría denuncia crisis humanitaria en el Bajo Cauca por ataques con drones explosivos

La Defensoría del Pueblo denunció una situación muy grave en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre (Antioquia), y en toda la región del Bajo Cauca antioqueño. Entre enero y mayo de 2026, se ha presentado un aumento en los enfrentamientos entre las disidencias del grupo de alias "Calarcá" y el Clan del Golfo. Lo más preocupante es que están usando drones adaptados para lanzar o activar explosivos, lo que ha causado daños en viviendas, escuelas y otros lugares donde vive la gente común.

La entidad documentó al menos dos situaciones de confinamiento y cinco casos de desplazamiento forzado masivo en estos meses. Además, se han presentado amenazas, asesinatos, restricciones para moverse libremente, reclutamiento forzado de jóvenes y ataques con explosivos en varias veredas. En total, durante 2026 se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia y Bolívar, dejando más de 2.400 personas afectadas que tuvieron que abandonar sus hogares por miedo a la violencia.

Confinamiento y falta de protección estatal

La Defensoría ha identificado seis situaciones de confinamiento en los municipios de El Bagre, Briceño, Segovia y Remedios en Antioquia, y en Norosí y Santa Rosa del Sur en Bolívar. Estas comunidades no pueden salir de sus pueblos ni moverse libremente, lo que afecta a más de 7.700 personas que viven con la movilidad restringida por el miedo a los enfrentamientos armados.

A esta difícil situación se suma que la Policía Nacional se retiró del corregimiento de Puerto López en marzo de 2026. Esto ha hecho que las comunidades se sientan aún más desprotegidas y sin ayuda del Estado frente a la violencia y el control que ejercen los grupos armados ilegales en sus territorios. Los drones con explosivos han generado daños en casas y bienes de la población civil, aumentando los riesgos para quienes viven en las zonas de confrontación.

Ante esta emergencia, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Unidad para las Víctimas, al ICBF y a todas las entidades competentes para que tomen medidas rápidas y coordinadas que permitan proteger a las comunidades y prevenir nuevos daños. La situación requiere atención inmediata para evitar que más familias sufran las consecuencias de este conflicto armado que usa tecnología moderna como los drones para hacer la guerra en medio de la población civil.