Superfinanciera investiga traslado de 8.7 billones de pesos de AFP a Colpensiones en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia, dirigida por Nini Johanna Castañeda Quintero, abrió una investigación preliminar para revisar cómo se está realizando el traslado de recursos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Esta decisión llegó justo después de que el presidente Gustavo Petro diera una orden directa en el Consejo de Ministros, donde criticó fuertemente a las administradoras privadas e incluso sugirió que se podría estar cometiendo un delito al frenar estas transferencias. Las cifras son enormes: se trata de 8,7 billones de pesos que pertenecen a 32.803 trabajadores que decidieron cambiarse del régimen de ahorro individual al de prima media. De estas personas, 24.331 ya están recibiendo su pensión de Colpensiones, aunque el traslado completo del dinero aún no se ha hecho. Según el gobierno, solo el 5% de los recursos ha completado todo el proceso, lo que genera una gran preocupación sobre el estado real de estos ahorros.

Conflicto entre el gobierno y el Consejo de Estado

El problema principal es que el Consejo de Estado suspendió el Decreto 415 de 2026, que era la norma con la cual el gobierno quería obligar a las AFP a trasladar el dinero en plazos muy cortos. Esta suspensión se dio mediante dos decisiones tomadas el 28 de abril y el 11 de mayo de 2026, mientras los magistrados estudian si el decreto es legal o no. A pesar de esto, el presidente Petro decidió presionar a las administradoras privadas a través de la Superfinanciera, lo que ha creado una fuerte tensión institucional. Mientras el gobierno insiste en que el traslado debe hacerse rápido, la oposición y sectores de la derecha política argumentan que se debe respetar el debido proceso y las decisiones de las altas cortes. Estos sectores advierten que no se puede improvisar con las pensiones de los colombianos ni ponerlas bajo el control total del Estado sin seguir las reglas establecidas. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de los ahorros pensionales de miles de trabajadores colombianos.