Wadith Manzur y Karen Manrique, a la cárcel por escándalo de corrupción en la UNGRD

En una decisión que sacude el panorama político a pocos días de las elecciones legislativas, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a la cárcel al senador Wadith Manzur y a la representante Karen Manrique. Ambos congresistas, quienes fueron reelegidos en los comicios del pasado 8 de marzo, están vinculados al escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La determinación del alto tribunal, tomada en sesión extraordinaria, implica la acusación formal por el delito de cohecho impropio. Según las investigaciones, los legisladores habrían comprometido su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de dádivas y beneficios económicos.

Un entramado de sobornos y contratos

El proceso judicial detalla que, durante el segundo semestre de 2023, los procesados habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera. La contraprestación acordada para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.

Las pruebas recaudadas por la Sala Especial de Instrucción permitieron documentar encuentros donde se definieron los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los legisladores a cambio de su apoyo en la comisión. Este entramado de corrupción habría comprometido recursos públicos destinados a la gestión del riesgo y la atención de desastres en regiones estratégicas del país.

Una decisión que requirió conjueces

La medida intramural contra Manzur y Manrique no fue sencilla de adoptar. Según informaron fuentes judiciales, la votación en la Sala quedó inicialmente empatada, lo que obligó a la intervención de conjueces para destrabar el proceso y tomar una decisión definitiva. Finalmente, la mayoría determinó que existen méritos suficientes para que ambos congresistas enfrenten el juicio privados de la libertad.

Mientras tanto, otros cuatro implicados en el escándalo continuarán vinculados al proceso sin medidas restrictivas. Se trata de los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. La Corte determinó que, aunque también están señalados de participar en la red de corrupción, no existen elementos que justifiquen su detención preventiva en este momento procesal.

Impacto político y "silla vacía"

La decisión judicial plantea un escenario complejo en el Congreso de la República, especialmente porque tanto Manzur como Manrique resultaron reelegidos en las elecciones del pasado 8 de marzo. Wadith Manzur, de hecho, se convirtió en el senador más votado del Partido Conservador, lo que le otorgaba un peso político significativo en la nueva legislatura.

Con la medida de aseguramiento en centro carcelario, se activa la figura de la "silla vacía", lo que significa que sus curules quedarán sin reemplazo durante el tiempo que dure el proceso judicial. Esto representa un golpe para el Partido Conservador, que pierde dos de sus fichas clave en el legislativo, justo cuando se preparaba para iniciar un nuevo período de sesiones.

Un caso que sigue dando capítulos

El escándalo de corrupción en la UNGRD sigue sumando protagonistas y revelando presuntas redes de corrupción que involucran a funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo. La investigación de la Corte Suprema continúa su curso y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días, a medida que se analicen más pruebas y testimonios.

Por ahora, Wadith Manzur y Karen Manrique deberán enfrentar la justicia desde un centro carcelario, mientras sus defensas preparan los recursos legales para impugnar la decisión. El país estará atento a los próximos movimientos en un caso que ha generado indignación ciudadana y que pone nuevamente en el centro del debate la relación entre la política y la contratación pública.