México impulsa la "Ley Cazzu" para frenar el bloqueo de trámites por padres ausentes

En México se está promoviendo una iniciativa legislativa que ha empezado a conocerse como "Ley Cazzu". La propuesta busca impedir que los padres que no participan en la crianza de sus hijos puedan bloquear trámites importantes para los menores, como permisos de viaje o la obtención de documentos oficiales.

El problema que busca resolver la iniciativa

La ley surge ante una situación que afecta a muchas madres y familias en el país. En la actualidad, cuando un padre no se hace cargo de la manutención ni de la educación de sus hijos, pero sigue teniendo la patria potestad, puede negarse a firmar autorizaciones necesarias para trámites cotidianos o esenciales.

Esto significa que, aunque el progenitor esté ausente en la vida diaria del niño o la niña, conserva la capacidad legal para frenar procesos como la expedición de un pasaporte, los permisos para que el menor viaje al extranjero o incluso la inscripción en algunas instituciones educativas. Esta situación deja a las madres o tutores que sí están al frente de la crianza sin herramientas legales para avanzar en estos procedimientos.

Lo que plantea la nueva ley

La "Ley Cazzu" propone cambiar las reglas para que aquellos padres que no cumplen con sus responsabilidades parentales pierdan la capacidad de veto sobre estos trámites. La iniciativa busca que la patria potestad no sea solo un derecho, sino que esté vinculada al cumplimiento efectivo de los deberes de crianza.

De aprobarse, la ley permitiría que las madres o los tutores que tienen a su cargo la crianza diaria puedan realizar trámites como permisos de viaje, obtención de documentos oficiales o autorizaciones escolares sin necesidad de contar con la firma o el consentimiento del progenitor ausente. La medida busca agilizar procesos que hoy se convierten en verdaderos obstáculos burocráticos para las familias.

La propuesta ha generado un amplio debate en México, donde organizaciones de madres y defensores de los derechos de la infancia han mostrado su respaldo, mientras que sectores más conservadores plantean reparos sobre las implicaciones legales de modificar la figura de la patria potestad.