Emergencia Económica sigue en tensión fiscal tras alertas de Contraloría por impactos

La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica volvió a estar en el centro del debate fiscal. Esto ocurre después de que la Contraloría General de la República lanzara alertas sobre problemas en la estructura, la articulación y la ejecución de los decretos que emitió el gobierno. Las advertencias son importantes porque se trata de una gran cantidad de dinero y porque hay dudas sobre si las entidades del Estado están en capacidad de manejarlo bien.

El ente de control revisó los 18 decretos que hacen parte de la emergencia. En su pronunciamiento, pidió al gobierno que aplique correctamente lo que dice la Ley 1523 de 2012, que es la norma que rige cómo atender los desastres en el país. La Contraloría considera que la base técnica y legal sobre la que se está actuando tiene vacíos.

Los puntos que más preocupan a la Contraloría

Uno de los temas más delicados es el recaudo de nuevos impuestos. Con ellos, el gobierno espera obtener hasta 8,68 billones de pesos. La Contraloría dijo que el Estado tiene la obligación de garantizar que ese dinero se recaude bien, a tiempo y que se gaste solo en atender la emergencia. Puso especial atención en el impuesto al patrimonio y en los tributos a los juegos de suerte y azar en línea, y advirtió que la Dian debe tener la capacidad para hacer ese recaudo de manera eficaz.

Pero no solo es importante recaudar, sino también gastar bien. La Contraloría fue clara: de nada sirve darle más facultades al gobierno para contratar si las entidades que deben ejecutar los recursos no mejoran su forma de trabajar.

Otro punto que generó alerta es el traslado de recursos del sector eléctrico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Contraloría, esta entidad no tiene la experiencia ni la estructura para manejar obras complejas de infraestructura eléctrica. También advirtió que modificar la operación de los embalses hidroeléctricos sin el debido sustento técnico puede generar incumplimientos en contratos y afectar la confianza de los inversionistas.

Riesgos sociales y control más estricto

La Contraloría también señaló riesgos en la asignación de las ayudas a las familias afectadas. Pidió fortalecer los mecanismos para verificar quiénes son los beneficiarios, evitar duplicidades y depurar bien la información, de modo que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Por último, el ente de control recordó que el país sigue sin aplicar de manera integral la política de gestión del riesgo, que se basa en tres pilares: conocer los riesgos, reducirlos y manejarlos bien cuando ocurre una emergencia. Ante este panorama, la Contraloría anunció que vigilará de cerca todo el proceso, desde el recaudo hasta la ejecución, para proteger el dinero público. La advertencia final es clara: ya no se trata solo de cuánto dinero se consigue, sino de si el Estado realmente tiene la capacidad de gastarlo bien, a tiempo y con impacto real.