Alertan por posible enfrentamiento armado en el Litoral de San Juan en el Chocó

La Defensoría del Pueblo advirtió que hay una alta probabilidad de combates entre el ELN y el grupo disidente Estado Mayor Central en el municipio de Litoral de San Juan, en el departamento de Chocó. Esta situación representa un grave peligro para las comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan en esta zona del país.

Según la entidad, ambos grupos armados tienen un interés especial en la quebrada Munguidó, un lugar estratégico que conecta el río Calima y el río San Juan. Esta zona es codiciada para realizar actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción de madera.

La Alerta Temprana emitida muestra los serios riesgos de violaciones a los derechos humanos que podrían ocurrir por esta posible confrontación. En el territorio están presentes el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central.

Graves consecuencias para la población civil

Las comunidades ya están sufriendo las consecuencias de esta situación. Un joven afrocolombiano fue asesinado y otros dos desaparecieron en la quebrada Munguidó. Por estos hechos, 465 familias, que suman 1.367 personas, están confinadas y no pueden moverse libremente por los ríos. Esto les impide realizar actividades básicas como pescar, cazar y cultivar sus alimentos.

La situación de salud es muy grave. Las mujeres embarazadas y personas con enfermedades no pueden ser evacuadas ni recibir atención médica. Muchas mujeres sufren crisis de presión alta sin poder ser atendidas. Los niños y adolescentes también están en alto riesgo. El año pasado se registraron siete casos de reclutamiento forzado y actualmente 324 estudiantes no reciben clases porque los maestros tienen miedo y hay restricciones para moverse.

Los grupos armados están repartiendo panfletos amenazantes donde declaran objetivo militar a quienes no se unan a sus filas. También se han reportado ataques con drones que llevan explosivos y se teme por el uso de minas antipersonal en zonas rurales.

La Defensoría hizo 17 recomendaciones a las autoridades nacionales y locales para que actúen rápido, detengan la violencia y garanticen ayuda humanitaria para estas comunidades que llevan mucho tiempo sufriendo el conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo advirtió que hay una alta probabilidad de combates entre el ELN y el grupo disidente Estado Mayor Central en el municipio de Litoral de San Juan, en el departamento de Chocó. Esta situación representa un grave peligro para las comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan en esta zona del país.

Según la entidad, ambos grupos armados tienen un interés especial en la quebrada Munguidó, un lugar estratégico que conecta el río Calima y el río San Juan. Esta zona es codiciada para realizar actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción de madera.

La Alerta Temprana emitida muestra los serios riesgos de violaciones a los derechos humanos que podrían ocurrir por esta posible confrontación. En el territorio están presentes el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central.

Graves consecuencias para la población civil

Las comunidades ya están sufriendo las consecuencias de esta situación. Un joven afrocolombiano fue asesinado y otros dos desaparecieron en la quebrada Munguidó. Por estos hechos, 465 familias, que suman 1.367 personas, están confinadas y no pueden moverse libremente por los ríos. Esto les impide realizar actividades básicas como pescar, cazar y cultivar sus alimentos.

La situación de salud es muy grave. Las mujeres embarazadas y personas con enfermedades no pueden ser evacuadas ni recibir atención médica. Muchas mujeres sufren crisis de presión alta sin poder ser atendidas. Los niños y adolescentes también están en alto riesgo. El año pasado se registraron siete casos de reclutamiento forzado y actualmente 324 estudiantes no reciben clases porque los maestros tienen miedo y hay restricciones para moverse.

Los grupos armados están repartiendo panfletos amenazantes donde declaran objetivo militar a quienes no se unan a sus filas. También se han reportado ataques con drones que llevan explosivos y se teme por el uso de minas antipersonal en zonas rurales.

La Defensoría hizo 17 recomendaciones a las autoridades nacionales y locales para que actúen rápido, detengan la violencia y garanticen ayuda humanitaria para estas comunidades que llevan mucho tiempo sufriendo el conflicto armado.