Contraloría abre proceso fiscal por duplicidad de cupos de primera infancia en Bogotá

La Contraloría de Bogotá abrió formalmente un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los 2.603 millones de pesos en la Secretaría Distrital de Integración Social. Tras un detallado análisis de bases de datos, el organismo de control descubrió que 1.315 niños y niñas de la ciudad recibieron de forma simultánea atención integral por parte del Distrito y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Esta situación generó una duplicidad de pagos con recursos públicos que violó las normas vigentes de asignación de subsidios. El hallazgo fiscal advierte que el desorden administrativo se agudizó con el paso de los meses. Mientras que en el año 2024 se detectaron 339 casos de atención concurrente, para el año 2025 la cifra se disparó a 976 menores en doble condición de beneficiarios. De acuerdo con la Contraloría, ambas entidades ejecutaron de forma paralela programas con poblaciones objetivo, componentes de nutrición y metodologías de desarrollo integral similares, lo que contraviene la normatividad legal que impide que un mismo menor reciba atención financiada por dos entidades del Estado al mismo tiempo.

Monto del daño fiscal y responsables

De acuerdo con el análisis técnico y financiero realizado por el organismo de control, el presunto daño fiscal se distribuyó de la siguiente manera: para la vigencia 2024 se identificaron más de 1.025 millones de pesos, mientras que para la vigencia 2025 la cifra superó los 1.122 millones, sumando un monto total bajo investigación superior a los 2.603 millones de pesos. La denuncia de la Contraloría apunta directamente a fallas graves en los filtros y mecanismos de seguimiento de la Secretaría de Integración Social, entidad que presuntamente omitió la verificación oportuna de sus bases de datos para comprobar si los beneficiarios ya estaban inscritos en el sistema nacional. Según el ente de control, la Secretaría no aplicó de manera efectiva instrumentos fundamentales de validación como la Resolución 218 de 2023, el Portafolio de Servicios institucional y los protocolos internos de verificación. Debido a que esta omisión permitió que la irregularidad se mantuviera activa durante dos años consecutivos, la actuación fiscal vincula formalmente a varios funcionarios que se desempeñaron como subdirectores para la Infancia de la Secretaría de Integración Social, quienes tenían la responsabilidad legal de garantizar el control, monitoreo y correcta ejecución de estos rubros destinados a la atención de la primera infancia en Bogotá.