Corrupción en la UNGRD: empresario y contratista aceptan responsabilidad por 40 carrotanques

Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonía Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentan una condena de 7 años y 4 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el polémico contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, valorado en 83 mil millones de pesos.

Detalles del preacuerdo con Fiscalía

Los dos procesados firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptaron su participación en los delitos de:

• Concierto para delinquir
• Interés indebido en la celebración de contratos

El acuerdo abarca seis escenarios relacionados con la celebración y ejecución del contrato, destacándose los sobrecostos y la inutilidad de los vehículos para llevar agua potable a varias regiones de La Guajira.

Incremento patrimonial injustificado

Durante la audiencia, el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo un fuerte reparo a los beneficios penales otorgados, ya que no se han devuelto los dineros apropiados. Según varios informes, se presentó un incremento patrimonial injustificado de 4.330 millones de pesos por su "gestión" para beneficiar a un grupo de empresarios.

El delegado calificó como un "absurdo jurídico" que se mencione un peculado por apropiación, dado que el dinero no ha sido recuperado.

Modus operandi de los acusados

Édgar Echeverri Toro

Es señalado por haber falsificado documentos para certificar la existencia de los carrotanques y realizar actas parciales sobre entregas que nunca existieron.

Sonía Rocío Romero Hernández

Es considerada el "enlace" entre la organización criminal y los contratistas para entregar información técnica privilegiada que facilitó el esquema corrupto.

César Manrique Soacha

Otro implicado en el caso quien actualmente está prófugo de la justicia y no ha sido capturado.

Próxima decisión judicial

Aunque los dos procesados mostraron arrepentimiento durante la audiencia, la decisión final está en manos de la jueza especializada de Bogotá, quien el 4 de noviembre decidirá si avala o no el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía.