Contraloría pide a Gobierno justificar los 8.68 billones que busca recaudar en emergencia

La Contraloría General de la República le pidió al gobierno nacional que explique con claridad por qué necesita recaudar 8.68 billones de pesos en el marco de la emergencia económica. El ente de control advirtió que hay vacíos legales en los decretos que emitió el gobierno para enfrentar la ola invernal y pidió que no se dejen sin plata otros programas importantes.

La emergencia fue decretada a inicios de febrero debido a las fuertes lluvias en el norte del país. Más de 335 mil personas resultaron afectadas, especialmente en el departamento de Córdoba. Con los decretos, el gobierno busca recursos para atender los daños y reparar la infraestructura dañada.

Las dudas de la Contraloría

El ente de control explicó que pedirá al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los demás ministerios involucrados que entreguen los soportes necesarios. Quieren saber por qué se necesita recaudar exactamente esa cifra y cómo se decidió distribuir el dinero entre las distintas entidades.

La Contraloría también advirtió que mover recursos del presupuesto hacia la UNGRD podría dejar desfinanciados otros programas importantes. Por eso, dice que el gobierno debe explicar desde ya cómo piensa reponer esos dineros.

Además, le pidió al gobierno que no traslade recursos de los fondos de energía hacia la UNGRD. Según la Contraloría, esa unidad no tiene la experiencia ni la estructura organizacional para manejar obras de reparación de infraestructura eléctrica.

Otros puntos críticos

La entidad también se refirió a uno de los 18 decretos que permite al gobierno modificar las obligaciones ambientales de las hidroeléctricas. Advirtió que cambiar las reglas de operación de los embalses puede llevar al riesgo de que estas empresas incumplan sus contratos de venta de energía.

Por otro lado, la Contraloría le pidió a la Dian que sea muy rigurosa con el recaudo de los nuevos impuestos, en especial el impuesto al patrimonio para empresas. Este impuesto empezará a cobrarse el 1 de abril.

Precisamente, el Consejo Gremial, que representa a más de 30 gremios empresariales, ya pidió suspender este impuesto en la Corte Constitucional. Los gremios advierten que podría causar un deterioro económico sin precedentes. La Contraloría, en su pronunciamiento, se suma a los llamados de precaución frente al manejo de estos recursos en medio de la emergencia.